Tan pronto asumió la Presidencia de Estados Unidos, el pasado viernes 20 de enero, Donald Trump emitió una orden ejecutiva para comenzar a desmantelar la Ley de Cuidado de Salud Asquible, mejor conocida como ‘Obamacare’. Trump prometió durante toda su campaña que aboliría y reemplazaría esa ley, una de las más importantes aportaciones del gobierno de Barack Obama y foco del rechazo, a veces incluso frenético, de los republicanos.
Pero dado que Obamacare es una ley federal y por ende su eliminación o substitución es facultad del Congreso, el decreto de Trump es, en primero término, un gesto simbólico y propagandístico para confirmar sus intenciones al respecto y mostrar que cumplirá sus promesas, así sea de modo progresivo.
Y es que, como han ido descubriendo los propios republicanos, eliminar Obamacare no es simple y por las profundas implicaciones que ya tiene en la salud de la población, en la economía del sector y en la cobertura de millones de personas que no tienen otra opción para contar con cuidado médico será un proceso riesgoso que llevará tiempo.
Pero la impaciencia política es punzante y por ello, mientras los líderes republicanos en el Congreso han reiterado que el proceso de eliminación y sustitución de Obamacare se dará en paralelo para que no se genere un caos ni quede gente desamparada, hasta el momento no parece haber aún un proyecto ni un plazo concreto para lograrlo. A lo más se ha mencionado el plazo de los primeros 100 días para establecer esas definiciones y presumiblemente más para poder llevar a la práctica un nuevo esquema.
El plan presentado este lunes por dos senadores republicanos, que según CNN en líneas generales plantea que cada estado decida si quiere mantener o no Obamacare en su jurisdicción es una posibilidad pero es incierto el grado de apoyo que logrará, para empezar, dentro de su propia bancada.
Entre tanto, Trump ha dado un paso pero su decreto no es capaz por sí solo de sustituir el esquema de Obamacare. Sí puede, con todo, afectarlo con una suerte de ‘caída de brazos’ del gobierno federal.
Así, como se comenta en el portal Vox, la acción ejecutiva de Trump podría provocar que el gobierno federal se vuelva remiso en aplicar las sanciones que Obamacare prevé para las personas que no adquieran un seguro médico y estén obligadas a ello, penalidades que se expresan en una multa aplicable a la persona a la hora de que presenta su declaración de impuestos. Trump no puede por sí mismo eliminar esa sanción pero sí, como el propio gobierno de Obama hizo en el pasado, posponer su aplicación en ciertos casos.
Si eso sucede, muchas más personas podrían abstenerse de adquirir un seguro ante la noción de que no enfrentarán una sanción inmediata por ello, lo que a la poste, como se comenta en el citado portal, podría hacer subir aún más los costos de las primas de seguro en el futuro al reducir la cantidad de consumidores.
Otro posible efecto de esa disposición es, como señala The New York Times, que el gobierno deje de defender en corte su posición en un juicio de apelación sobre la legalidad de los subsidios que se pagan en el marco de Obamacare. La demanda, interpuesta por la Cámara de Representantes, afirma que el presidente no tiene facultad para pagar ciertos subsidios y esa noción fue avalada ya en una corte. La administración de Obama recurrió el fallo pero si Trump, como se comenta en el Times, opta por retirarse del proceso de apelación, esa sentencia quedaría firme y el modelo del mercado de seguros de Obamacare podría quedar severamente desconfigurado.
Por añadidura, como se comenta en The Washington Post, la acción ejecutiva de Trump podría provocar que compañías aseguradoras se retiren del mercado de Obamacare en varios estados, complicando así todo el panorama.
