WASHINGTON (AP) — El gobierno de Donald Trump prometió el martes poner freno a la Mara Salvatrucha, o MS-13, la despiadada pandilla callejera centroamericana a la que se le atribuyen una serie de asesinatos recientes en el área metropolitana de Nueva York, y acusó a las políticas fronterizas de la era Obama de permitir que crezcan sus filas.
La pandilla es conocida por cortar y apuñalar con machetes a sus víctimas, y por sus actividades de narcotráfico, prostitución y otros delitos. Sus reclutas son principalmente estudiantes de secundaria de comunidades inmigrantes. Y todo aquel que intenta abandonar sus filas se arriesga a represalias violentas, según las autoridades.
"Estas organizaciones se enriquecen envenenando a nuestras comunidades, con el tráfico de menores con fines de explotación sexual e infligiendo horrible violencia en las comunidades en las que operan", dijo el secretario de Justicia Jeff Sessions antes de reunirse con altos funcionarios federales para discutir la manera de desmantelar a las pandillas transnacionales extremadamente violentas.
Las advertencias de Sessions fueron respaldadas por el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, en un discurso por separado unas horas antes de que Trump tuiteara que "las débiles políticas migratorias del gobierno de Obama permitieron que se formaran las malévolas pandillas de la MS-13 en ciudades de todo el país. ¡Las sacaremos rápidamente!".
Los orígenes de la Mara Salvatrucha se remontan a Los Ángeles, adonde miles de salvadoreños que huían de la sangrienta guerra civil de su país arribaron en la década de 1980, para proteger a los inmigrantes de las pandillas mexicanas y de afroestadounidenses. Conforme las comunidades centroamericanas han ido creciendo, también lo ha hecho la pandilla, la cual actualmente se estima que cuenta con 30.000 miembros que operan células semiindependientes, en su mayoría en Centro y Norteamérica. De acuerdo con funcionarios federales, hay más de 10.000 elementos de la MS-13 en Estados Unidos.
El Departamento de Justicia sospecha que los líderes de la pandilla utilizan teléfonos celulares desde prisiones en El Salvador para ordenar a sus miembros en Estados Unidos que maten a sus rivales y extorsionen a empresas legales e ilegales de inmigrantes.
Las autoridades sospechan que los miembros de la pandilla son los responsables de los asesinatos de cuatro jóvenes en la región central de Long Island la semana pasada, parte de los 11 homicidios que han sacudido desde septiembre a los inmigrantes de clase trabajadora que viven en Central Islip, Nueva York.
Sessions ha hecho un llamado a procesar de manera más agresiva delitos como el cruce fronterizo ilegal y el tráfico de personas hacia Estados Unidos, con el fin de frenar la violencia.
"No podemos permitir que esto continúe. Protegeremos nuestra frontera, expandiremos nuestras fuerzas migratorias y eliminaremos sus líneas de abastecimiento. Si eres pandillero, te encontraremos", advirtió Sessions, quien también acusó a las llamadas ciudades santuario, que limitan la cooperación local con las autoridades migratorias, de socavar los esfuerzos para combatir a dichas agrupaciones criminales.
Posteriormente, el mandatario tuiteó que "Sessions está realizando un trabajo fantástico: hoy anunció nuevas medidas para desmantelar a las pandillas violentas como la MS-13. ¡Prometí que seríamos duros, y lo somos!".
En un discurso por separado en la Universidad George Washington, Kelly dijo que los grupos delictivos transnacionales, como los cárteles del narcotráfico y la MS-13, están involucrados en el secuestro, tortura y tráfico de personas, por lo que representan una de las mayores amenazas contra Estados Unidos. "Viven totalmente al margen de la ley y no tienen consciencia ni respeto por la vida humana", recalcó.
Durante el mandato de Obama, el gobierno se enfocó en los inmigrantes que estaban ilegalmente en el país y que representaban una amenaza para la seguridad pública y nacional, así como en las personas que habían cruzado más recientemente hacia Estados Unidos. Bajo las políticas de Obama se deportó a más de 2,5 millones de personas, muchas de ellas representantes, sospechosos o miembros confirmados de pandillas.